El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, volvió a encender la alarma por la habilitación a la compra y tenencia civil de armas semiautomáticas, una medida oficializada esta semana a través de la Resolución 37/25 del restaurado Registro Nacional de Armas (Renar). Para el funcionario, la iniciativa es “preocupante” y representa un riesgo directo para la seguridad pública.

Alonso advirtió que permitir que legítimos usuarios con más de cinco años de antigüedad accedan a fusiles y carabinas de uso militar —equipamiento comparable al que utilizan fuerzas especiales como el Grupo Halcón o el SWAT— podría derivar en un salto en la violencia urbana. Hasta ahora, este tipo de armamento estaba restringido desde 1995.

“Si un delincuente común accede a uno de estos fusiles, va a tener más poder de fuego que un policía de calle”, sostuvo. También alertó que una modificación mínima podría convertir un arma semiautomática en automática, aumentando su capacidad de daño. “Estamos abriendo la puerta a una carrera armamentística que solo va a escalar los niveles de violencia”, remarcó.

El ministro recordó que la provincia mantiene los índices más bajos de homicidios de su historia y aseguró que no existe un escenario de incremento del delito que justifique la flexibilización. “No se entiende esta decisión más allá del marketing electoral. Se está poniendo en riesgo a toda la sociedad para conformar a un grupo reducido que quiere darse el gusto de tener un fusil”, afirmó.

Además, cuestionó que el Gobierno nacional impulse medidas que él define como “armamentistas” mientras se desatienden los programas de desarme: “Deberíamos estar fortaleciendo el canje de armas, no ampliando la circulación”.

Alonso también apuntó contra la gestión de Patricia Bullrich por la falta de recursos destinados a la provincia. Aseguró que Nación “le debe a Buenos Aires 10 mil millones de dólares” y que solo en el área de seguridad se recortaron 1.200 millones. “Se lo planteé en cada reunión con la ministra”, dijo.

El funcionario sostuvo que las fuerzas federales se encuentran en una situación crítica: “La Policía Federal no tiene patrulleros, Gendarmería no tiene helicópteros, Prefectura no tiene lanchas y los salarios se desplomaron”. A modo de contraste, destacó que la provincia logró mantener los sueldos de la Bonaerense “un 20% por encima” de los de la Federal.

Por último, cuestionó el impacto del ajuste sobre la Justicia federal y la lucha contra el narcotráfico: “Hablan del sistema acusatorio, pero sin fiscales ni recursos es imposible. Están dejando sin herramientas a quienes deben investigar el delito”.