Los recortes aplicados por el gobierno de Javier Milei desplomaron los subsidios un 44% en diez meses, mientras las tarifas de gas, luz y agua acumulan aumentos superiores al 200% y golpean el presupuesto de los hogares de todo el país.
En medio de la política de “motosierra” fiscal del gobierno nacional, un informe de la consultora Economía & Energía confirmó que los subsidios energéticos sufrieron su mayor recorte en años: entre enero y octubre de 2025 cayeron 44% respecto del mismo período del año anterior. En total, el Estado destinó USD 3.183 millones, muy por debajo de los USD 5.708 millones registrados en 2024.
El análisis detalla que el 72% de las transferencias se dirigió a CAMMESA, el 24% a ENARSA y apenas el 3% al Plan Gas. Solo en octubre, los fondos se repartieron entre ENARSA (USD 166 millones), CAMMESA (USD 2.304 millones), Plan Gas (USD 83 millones) y USD 630 millones en otros destinos vinculados al sistema energético.
La tendencia consolida un retroceso que se profundiza frente a los picos de gasto de años anteriores: mientras en 2023 los subsidios habían superado los USD 8.500 millones y en 2022 treparon a más de USD 10.700 millones, los niveles actuales retroceden a los valores de 2019, último año de la gestión de Cambiemos.
Tarifas por las nubes
El ajuste en subsidios avanzó en paralelo con aumentos tarifarios que modificaron de manera drástica el costo de los servicios públicos. Entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, el gas aumentó 913%, la electricidad 228% y el agua 376%. Aun así, los incrementos quedaron por debajo de una inflación acumulada de 171%, reflejando la pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente al avance de los precios.
En el AMBA, la canasta de servicios públicos escaló 514% desde diciembre de 2023, una suba muy superior al aumento del nivel general de precios. Solo en 2025, el incremento fue del 21%, ligeramente menor a la inflación estimada del 24%. El transporte explicó la mayor parte del alza, aportando 15 de los 26 puntos del aumento interanual.
El informe revela que, en promedio, las tarifas cubren apenas la mitad del costo real de los servicios, mientras el Estado financia el otro 50%, con diferencias según el tipo de hogar y la prestación.
Un peso creciente en los ingresos
La canasta de servicios públicos en el AMBA representó en octubre de 2025 el 10,7% del salario promedio registrado (unos $1.600.815). Con ese ingreso, una familia pudo pagar 9,4 canastas de servicios, una leve mejora frente a las 8,5 del año anterior, aunque todavía muy por debajo de niveles que permitan hablar de alivio económico.
El transporte volvió a posicionarse como el mayor factor de presión sobre los bolsillos: explica el 45% del gasto total, duplicando el peso individual del gas, el agua y la electricidad.
En síntesis, mientras el Gobierno nacional celebra el recorte de subsidios como un logro fiscal, el impacto concreto sobre los hogares es ineludible: tarifas más caras, salarios que no acompañan y un acceso cada vez más costoso a servicios esenciales.