El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió a respaldar con firmeza la expropiación de YPF realizada en 2012 durante su gestión como ministro de Economía, y cargó contra el fallo emitido por la jueza neoyorquina Loretta Preska, que condena al Estado argentino en una causa impulsada por el fondo buitre Burford. En una conferencia de prensa desde La Plata, denunció un intento de “entregar YPF” por parte del gobierno nacional y advirtió sobre los riesgos que esto implica para el futuro energético del país.

“El fallo que obtuvo el fondo buitre en Nueva York está totalmente por fuera de la competencia y de las atribuciones de la jueza”, aseguró Kicillof, quien también criticó el rol de la empresa Repsol durante su control de la petrolera: “Fue una época de vaciamiento, un verdadero desastre para la soberanía energética del país”.

Apoyado en datos técnicos, gráficos y documentos internos de su espacio político, el Movimiento Derecho al Futuro, el mandatario provincial argumentó que la estatización fue necesaria para frenar la crisis energética que generó Repsol, que había reducido las reservas en un 50%, desplomado la producción y se negaba a invertir en Vaca Muerta. “Nos dejaron sin autoabastecimiento y sin dólares”, resumió.

Kicillof destacó los logros alcanzados desde la recuperación estatal de la empresa: la producción de petróleo creció un 78%, la de gas un 18%, se puso en marcha el desarrollo de Vaca Muerta y, en 2024, el país volvió a tener superávit energético por US$5.696 millones. “Sin expropiación, hoy no existiría Vaca Muerta”, afirmó.

También cuestionó los beneficios extraordinarios que obtuvo Repsol durante su gestión, asegurando que entre 1997 y 2010 la firma giró dividendos por más de US$14.000 millones, una cifra superior a la que invirtió para quedarse con la compañía. “El negocio fue brillante para ellos, desastroso para el país”, apuntó.

En otro tramo de su discurso, Kicillof criticó con dureza al presidente Javier Milei por su actitud frente al fallo judicial: “Dice que va a apelar, pero al mismo tiempo culpa a quienes tomamos la decisión de recuperar YPF. Es contradictorio y peligroso. Le está dando la razón a los demandantes y pone en riesgo el interés nacional”.

Además, denunció posibles vínculos del gobierno con el fondo Burford, al que prometió investigar “en detalle”. Y fue tajante sobre el alcance del fallo: “Ningún juez extranjero puede decir que nuestra Constitución vale menos que el estatuto de una empresa”.

Finalmente, reivindicó la medida tomada en 2012 como una decisión estratégica, amparada en la Constitución Nacional y orientada a fortalecer el desarrollo del país: “La única salida era recuperar el control de la compañía y ponerla al servicio del pueblo argentino. Lo volveríamos a hacer”.