El ajuste del Gobierno nacional amenaza con avanzar ahora sobre el sistema público de salud. La administración de Javier Milei analiza aplicar un esquema de gestión privada en cinco grandes hospitales ubicados en territorio bonaerense, cuatro en el Conurbano y uno en el interior, que hoy funcionan bajo un modelo mixto entre Nación y Provincia. La iniciativa incluiría la tercerización de la gestión y el cobro de una cápita para acceder a la atención médica, una definición que ya encendió alarmas en el sector sanitario y generó un fuerte rechazo gremial.

Los hospitales alcanzados por esta posible avanzada privatizadora son el “Néstor Kirchner” de Cañuelas; el “René Favaloro” y el “Presidente Néstor Kirchner”, ambos en La Matanza; el “Bicentenario” de Esteban Echeverría; y el hospital “El Cruce Dr. Néstor Kirchner” de Florencio Varela. Todos integran el Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC), un esquema de cogestión entre el Estado nacional y la provincia de Buenos Aires.

Aunque no hubo aún un anuncio formal, desde el propio Gobierno admitieron que se están evaluando alternativas de administración. La opción que aparece como más probable es la adopción del denominado “modelo español”, que consiste en concesionar la gestión a empresas privadas bajo un sistema de cápitas. En los papeles, el esquema promete garantizar el acceso de los sectores más vulnerables, pero en la práctica abre la puerta a una mercantilización de la atención sanitaria.

La lógica detrás de la iniciativa responde al manual de la “motosierra”: reducir el gasto del Estado nacional en el sostenimiento de estos hospitales. Actualmente, el mayor peso del financiamiento recae sobre Nación, que cubre el 80% del presupuesto del hospital de Cañuelas y cerca del 70% en los otros cuatro, con aportes menores de la Provincia y, en el caso de La Matanza, del municipio.

El ministro de Salud, Mario Lugones, tampoco descartó otras alternativas, como el traspaso completo de los hospitales a la órbita provincial. Sin embargo, fuentes del sector aseguran que dentro del equipo nacional gana terreno la idea de avanzar con el modelo privatizado, bajo el supuesto de que los hospitales podrían sostenerse con aportes de prepagas y obras sociales.

Uno de los puntos más sensibles es el marco legal. Los hospitales SAMIC fueron creados por ley, por lo que cualquier cambio estructural debería pasar por el Congreso. Pero ese camino implicaría un debate público incómodo para el oficialismo, especialmente tras el antecedente del conflicto por el financiamiento del Hospital Garrahan. En ese contexto, no se descarta que el Ejecutivo intente avanzar mediante un decreto.

El trasfondo del conflicto también incluye la tensa relación entre Nación y Provincia. Aunque los hospitales tienen direcciones designadas por el Gobierno nacional, cuentan con consejos de administración donde la Provincia participa en minoría. Desde Nación, Lugones reclama a la gestión de Axel Kicillof una deuda que, según el vocero Manuel Adorni, rondaría los 500 mil millones de pesos, una cifra que el ministro bonaerense Nicolás Kreplak rechaza, aunque admite demoras en algunas partidas.

Mientras el Gobierno bonaerense se mantiene en silencio, la reacción más contundente llegó desde los gremios. La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) advirtió que la privatización encubierta de los hospitales SAMIC “representa una seria amenaza al carácter público, estatal e integral del sistema de salud” y pone en riesgo el derecho a una atención universal, gratuita y de calidad.

Desde la Federación denunciaron que esta iniciativa forma parte de una política sostenida de desfinanciamiento y vaciamiento de la salud pública. “En el caso de los SAMIC, la situación es particularmente grave por su alta dependencia del financiamiento nacional. Las consecuencias de estas políticas ya se sienten en el funcionamiento cotidiano de los hospitales”, alertó el secretario general de FESINTRAS, Pablo Maciel.