Con la inversión pública prácticamente paralizada y un fuerte deterioro de la red vial, el Gobierno de Javier Milei avanzó en un nuevo proceso de concesiones de rutas nacionales que impacta de lleno en la provincia de Buenos Aires. Bajo el paraguas de la Red Federal de Concesiones (RFC), la administración nacional ya cerró la Etapa I del plan y ahora acelera la licitación de una segunda fase que incluye corredores estratégicos para la producción, el transporte y la vida cotidiana de millones de bonaerenses.

En las últimas semanas, el Ejecutivo firmó contratos para concesionar 741 kilómetros de rutas nacionales y habilitó el llamado a licitación de la Etapa II, que abarca 1.871,8 kilómetros adicionales. Más de 1.300 de esos kilómetros atraviesan territorio bonaerense. El modelo elegido es el de concesión por peaje, previsto en la Ley 17.520, sin aportes del Estado nacional y con la totalidad del financiamiento trasladado a los usuarios.

Corredores clave, peajes y negocio privado

La Etapa II de la RFC comprende los tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa. En la provincia de Buenos Aires, el paquete incluye la autopista Ezeiza–Cañuelas, la Riccheri, la Jorge Newbery y extensos trayectos de las rutas nacionales 3, 205 y 226. Solo la Ruta Nacional 3 suma más de 615 kilómetros concesionados, desde el final de la autopista Ezeiza–Cañuelas hasta las cercanías de Bahía Blanca.

A esto se suma el denominado Tramo Pampa, que incorpora la Ruta Nacional 5, una vía central para el interior bonaerense y el vínculo con La Pampa. El corredor conecta Luján con Santa Rosa y quedará bajo gestión privada en más de 546 kilómetros, incluidos ocho kilómetros dentro del partido de Luján.

Según los pliegos oficiales, las empresas adjudicatarias deberán encargarse de la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación y mantenimiento de las rutas, además de brindar servicios al usuario. A cambio, podrán cobrar peajes y desarrollar actividades comerciales complementarias, reforzando un esquema donde la rentabilidad privada se convierte en el eje del sistema.

Reclamos, amparos y dudas legales

El avance del plan ya generó resistencias en la provincia. En diciembre, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó un recurso de amparo para frenar la licitación de los corredores viales. El jefe comunal advirtió que el esquema implicará un fuerte impacto económico para quienes transitan diariamente las rutas.

“Presentamos este amparo para evitar que las y los bonaerenses deban afrontar un costo desmedido en los peajes”, sostuvo Gray. Según detalló, el nuevo esquema implicaría que viajar desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Bahía Blanca requiera atravesar ocho peajes, con un costo estimado de $40.000 por tramo. “Es, sencillamente, un despropósito”, afirmó.

El intendente también cuestionó la falta de un organismo regulador independiente y alertó sobre los riesgos de un modelo que “puede derivar en prestaciones deficientes, prácticas monopólicas abusivas y el incumplimiento de las inversiones prometidas, priorizando la rentabilidad empresarial por sobre el interés público”.

El procedimiento se apoya en la Resolución 1843/2025 y en la Ley de Bases N° 27.742, aunque desde distintos sectores advierten que esa norma no habilita de manera explícita privatizaciones viales de esta magnitud, lo que abre un frente de debate legal y político.

El regreso de un modelo conocido

El relanzamiento de las concesiones viales se produce luego de casi dos años de obras detenidas y en medio de crecientes quejas por el estado de las rutas nacionales. El esquema impulsado por el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, retoma el modelo aplicado en los años noventa: peajes como fuente central de financiamiento, retiro del Estado y ausencia de subsidios.

Mientras el Gobierno avanza con nuevas licitaciones y prepara la toma de posesión de los corredores, el impacto sobre los usuarios, la logística y las economías regionales comienza a quedar en el centro de la escena. En la provincia de Buenos Aires, donde se concentran algunos de los tramos más extensos y transitados del país, la privatización de las rutas dejó de ser un anuncio técnico y se transformó en un nuevo foco de conflicto político y social.