La instalación de una nueva estación de peaje en Gorostiaga, sobre la Ruta Nacional 5, vuelve a golpear el bolsillo de quienes transitan el corredor entre Luján y Santa Rosa. Con la medida, impulsada por el Gobierno nacional, viajar por uno de los tramos más transitados del país pasará de ser costoso a convertirse en un lujo, sin que existan mejoras sustanciales en la infraestructura vial que justifiquen semejante ajuste.

Actualmente, los automovilistas abonan tres peajes de $1.300 en Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen. Pero el nuevo esquema suma dos cabinas adicionales en Gorostiaga y Lonquimay, y además dispara la tarifa: cada cabina podría cobrar hasta $4.100. Así, el costo total por trayecto saltaría a $20.500, un incremento cercano al 425% respecto de los valores actuales. Transportistas, empresas y vecinos coinciden en el diagnóstico: un golpe directo al bolsillo en un contexto de recesión y caída de la actividad.

Las estimaciones privadas son contundentes. El gasto en peajes, que históricamente representaba entre el 5% y el 10% del costo del combustible, podría pasar a absorber entre el 40% y el 50% de los costos. Ese salto presiona al transporte de cargas y pasajeros, empuja a la suba los precios finales y deja a miles de usuarios atrapados entre inflación y tarifas.

Lo más polémico es el destino de los fondos. Los pliegos de concesión no contemplan obras estructurales: apenas repavimentación puntual, mejoras en intersecciones y tareas de señalización. No hay ampliaciones, no hay tercer carril, no hay inversiones modernas para un corredor estratégico que une Buenos Aires con La Pampa. En síntesis, los usuarios pagan más para recibir lo mismo.

El esquema, además, está blindado a favor del concesionario. Durante el primer año, las empresas no estarán obligadas a cumplir plenamente con el mantenimiento. Tampoco habrá un ente regulador independiente: el control volverá a quedar en manos de Vialidad Nacional, abriendo el camino a supervisión laxa y beneficios privatizados sin contraprestación real.

En este clima, el peaje de Gorostiaga ya se convirtió en un foco de conflicto provincial. Los aumentos proyectados superan cualquier estándar previo y las obras prometidas no justifican el tarifazo. Una vez más, la infraestructura pública se cede al negocio privado, mientras los usuarios pagan caro por un servicio deficiente y un Estado que se desentiende del interés colectivo.