El Presidente autorizó por decreto una fuerte suba salarial para ministros y altos funcionarios, congelados desde 2023, luego de negarlo públicamente. Milei y Villarruel quedarán afuera de la medida, que expone tensiones internas y contradicciones en el discurso oficial.
Luego de haberlo negado durante dos días y de calificar la información como “fake news”, el presidente Javier Milei autorizó un aumento salarial para los funcionarios políticos del Poder Ejecutivo Nacional, cuyos sueldos permanecían congelados desde 2023. La suba, que podría llegar hasta el 100%, alcanzará a ministros, secretarios y subsecretarios, aunque el propio mandatario decidió excluirse de la medida, al igual que la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La decisión se conoció después de que Milei atacara al diario Clarín por anticipar el aumento y de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negara la versión argumentando que el Presidente también estaba incluido. Finalmente, el Gobierno avanzó con el reclamo interno de los ministros, pero dejó afuera al jefe del Estado, que seguirá cobrando poco más de 4 millones de pesos mensuales.
Según trascendió, la presión del Gabinete fue determinante. Varios ministros plantearon su malestar por el deterioro salarial acumulado, que ronda el 60% en términos reales, y advirtieron que los bajos ingresos dificultan la incorporación de profesionales calificados, que encuentran mejores condiciones en el sector privado.
El decreto que formalizará los aumentos sería publicado el viernes 2 de enero. Actualmente, los ministros perciben $3.584.006, los secretarios $3.282.709 y los subsecretarios $2.981.510. Aunque no hubo confirmación oficial sobre los porcentajes, en el Gobierno admiten que la suba mínima rondaría el 60% y que, en algunos casos, podría llegar al 100%.
Milei, que percibe $4.066.018, optó por mantener congelado su salario “hasta nuevo aviso” y también el de Victoria Villarruel, que cobra $3.764.820 y con quien mantiene un enfrentamiento político abierto. La decisión refuerza la interna en la cúpula del poder y suma un nuevo capítulo a la relación tensa entre ambos.
El aumento para el Gabinete vuelve a poner en cuestión el discurso de ajuste y austeridad que el Gobierno sostuvo desde el inicio de la gestión, especialmente en comparación con los ingresos del Congreso: los senadores nacionales cobran en bruto cerca de $9,5 millones y los diputados alrededor de $7 millones, cifras que superan ampliamente las del Ejecutivo.
Mientras el Presidente se mantiene al margen del incremento, la recomposición salarial para sus funcionarios más cercanos deja expuestas contradicciones políticas y comunicacionales, y reabre el debate sobre los límites del ajuste cuando alcanza a la dirigencia.